En abril de 2021 una trabajadora del establecimiento FRANKFURT´S BOCANEGRA de Granada presentó denuncia contra su encargado por, según se recoge en la misma, “haber sido sometida durante más de un año a reiterados actos vejatorios, en muchas ocasiones de contenido sexual, llegando a sufrir abusos sexuales por parte del mismo”. A causa de estos hechos la trabajadora requirió baja médica y tratamiento psicológico.

El encargado fue enjuiciado en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada, donde testificó una antigua trabajadora que afirmó haber presenciado cómo el encargado le decía a la denunciante frases como “eres una inútil, no sirves para nada” o “cada vez tienes el culo más gordo” y le amenazaba constantemente con el despido sin motivo alguno. Pese a dicho testimonio y a existir dos informes periciales que afirman que la sintomatología que presentaba la trabajadora es perfectamente compatible con los hechos denunciados, el encargado es absuelto por no haber quedado desvirtuada la presunción de inocencia.

Mediante el recurso de amparo se interesa la nulidad de la sentencia y la repetición del juicio, al entender que el juzgador incurrió en un “patente error en la valoración de la prueba”.

Desde CNT-AIT Granada, el sindicato al que pertenece la trabajadora, insisten en “la importancia de llevar este caso hasta donde sea necesario, ya que actualmente las trabajadoras que sufren acoso laboral o abuso sexual en el entorno de trabajo se encuentran absolutamente desprotegidas. Las dificultades para probar este tipo de hechos son grandes, y la mayoría nunca llegan a denunciar por miedo a sentirse expuestas y ser revictimizadas – e incluso, perseguidas – por el sistema judicial y la opinión pública”.

La trabajadora presentó recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, el cual ha sido desestimado por la Audiencia Provincial de Granada, por lo que han decidido recurrir en amparo al Tribunal Constitucional por entender que se le han vulnerado el derecho fundamental a la integridad moral y a la tutela judicial efectiva. La defensa de la trabajadora, la letrada María Gallego Cano, afirma que han tomado la decisión de recurrir ante el constitucional por entender que se están quebrantando de manera sistemática derechos de las trabajadoras, siendo los datos de acoso sexual en el trabajo “alarmantes”. Sin embargo, considera que no se está brindando la protección necesaria a las víctimas, quedando en numerosas ocasiones los acosadores impunes. Afirma la letrada que “si bien somos conscientes de las limitaciones de los recursos contra sentencias absolutorias y de las dificultades de la concesión del amparo constitucional, mediante este recurso se brinda la oportunidad al tribunal constitucional de dar un paso más contra el acoso laboral”.